Se dispone por decreto legislativo el Embargo Inmediato de vehículos en caso de accidentes de Transito

Se dispone por decreto legislativo el Embargo Inmediato de vehículos en caso de accidentes de Transito

26 agosto, 2015 0 Por Editorial

Si cuando el Ejecutivo solicitó facultades para legislar, no sabía mínimamente que iba a proponer, este Decreto es la prueba palpable de esa falencia. Mediante Decreto Legislativo N° 1190 promulgado el 22 de agosto del presente, recientemente publicado en El Peruano, se aprueba la norma, que regula el secuestro conservativo (embargo) de vehículos motorizados de servicio de transporte público y privado por delitos de Homicidio culposo (Art. 111° código Penal) y lesiones culposas (Art. 124° del mismo código) producidos como consecuencia de accidentes de tránsito.

Recordemos que mediante Ley N° 30336 el Congreso de la República delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de “Seguridad Ciudadana, fortalecer la lucha contra la Delincuencia y el Crimen Organizado”. El literal a) del art. 2do. De la Ley 30336 citada en los considerandos del Decreto en cuestión, expresa que se establece la facultad de legislar sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión, el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos, la usurpación y el tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

Consideramos que esta es una norma vacía e inútil, pues la facultad de un Juez Penal de disponer una medida cautelar con embargo en forma de inscripción o depósito de un vehículo por accidente de tránsito para asegurar una reparación civil, existe expresamente en el Código Procesal Penal, por lo que esta solo es una norma para la tribuna.

El Ejecutivo excede las facultades que le otorga el Congreso, en un tema tan sensible como es la accidentalidad, vinculándola tan erróneamente a los conceptos de Seguridad Ciudadana. A mayor abundamiento para entender este grave error de definiciones el Documento denominado “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos” elaborado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa lo siguiente:.. “En suma, la seguridad ciudadana deviene una condición necesaria –aunque no suficiente- de la seguridad humana que, finalmente, es la última garantía del desarrollo humano.  Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos”.

Resulta un craso error esta norma, más aun cuando en sus propios considerandos exponen el marco (del cual no puede escapar) que le da la ley otorgante de facultades, que incluye delitos expresos y de ninguna manera  los producidos por accidentes de tránsito que están vinculados a la seguridad vial o común, que no tienen nada que ver con la seguridad ciudadana, conforme su estricta definición. Al menos que el Ejecutivo entienda en su criterio, que los accidentes son producidos por bandas, sicarios, narcotraficantes o usurpadores de terrenos. Grave error legal que merece corregir el propio Congreso. Sabiendo que estamos en una jungla, donde la opinión pública define la imagen, más aun en plena campaña electoral, seguro que quien critique esta norma, será acusado de insensible, de defensor del desorden del transporte público, por lo que no será políticamente rentable para ningún legislador comerse este pleito. En la coherencia del populismo de la norma y para intimidar aún más, dispone que se establezca un registro de vehículos (de todos los vehículos de transporte público y privado, potenciales instrumentos del delito) para caerles con el embargo más “facilito”. Dios mío, el Ejecutivo olvidó, que existe hace décadas la SUNARP cuyo registro es uno de los mejores de Latinoamérica.

Adjuntamos la norma para mayor abundamiento y puedan conocer su incoherencia e ilegalidad manifiesta, que espero ninguna entidad legislativa siga produciendo.

 


 

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